La ciudad de Los Ángeles vivió una de sus jornadas más oscuras el pasado 6 de junio, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desató una redada masiva, con estilo militar, que dejó al menos 45 personas migrantes detenidas sin orden judicial. Lo que ICE no esperaba, sin embargo, fue la respuesta: enfrentamientos directos de ciudadanos y migrantes que ya no están dispuestos a ser tratados como animales.
El operativo se desarrolló en al menos siete puntos del condado angelino: Home Depot, expendios de donas, negocios latinos del distrito de la moda. Los agentes federales, armados como si fueran a una guerra, usaron rifles automáticos, granadas aturdidoras y vehículos blindados. Pero esta vez la calle reaccionó: vecinos, trabajadores, jóvenes y activistas salieron al paso, gritaron, bloquearon el paso de las camionetas, arrojaron botellas, levantaron los puños.
En varias esquinas se vivieron escenas tensas: migrantes esposados en el suelo, mientras personas de la comunidad gritaban “¡Déjenlos!”, “¡Esto es ilegal!” y trataban de filmar todo con sus celulares. La rabia fue tal que hubo empujones, forcejeos y amenazas verbales entre ciudadanos indignados y agentes del ICE. En un Home Depot del sur de Los Ángeles, un grupo de trabajadores rodeó una patrulla y no permitió que se llevaran a su compañero sin que mostraran orden judicial.
La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA) calificó el operativo como “una brutalidad disfrazada de ley”. Su directora, Angélica Salas, denunció que “la gente está siendo cazada como si fueran monos en una selva, sin derechos, sin explicación, sin humanidad”. Activistas utilizaron megáfonos para impedir los arrestos y lanzar alertas en tiempo real.
La alcaldesa Karen Bass, visiblemente molesta, declaró que estas acciones no sólo son ilegales, sino que siembran odio, fracturan la ciudad y ponen en riesgo la paz. “No vamos a tolerar más redadas en nuestras calles, no vamos a permitir que nuestras familias vivan aterradas por ser latinas, por ser negras, por hablar otro idioma.”
Este operativo no fue espontáneo. Detrás está la mente oscura de Stephen Miller, exasesor de Donald Trump, quien ha reactivado una cruzada antimigrante exigiendo tres mil arrestos diarios en todo el país. Una política de venganza que ya no se esconde, y que busca aplastar a quien ose cruzar la frontera de los privilegiados.
Y como si eso fuera poco, este mismo 7 de junio, se confirmó que migrantes deportados —entre ellos un mexicano y un cubano— están retenidos en un contenedor de metal en Yibuti, África, bajo vigilancia militar, con enfermedades respiratorias, sin medicamentos, rodeados de heces humanas y bajo amenaza de malaria o ataques armados. Un juez federal ya declaró ilegal esa deportación, pero siguen presos.
Esto ya no es migración irregular, esto es persecución racial, colonialismo moderno, esclavitud del siglo XXI. Las cifras lo confirman: sólo en esta semana, el ICE ha detenido al menos 118 personas en todo el condado angelino.
