La Fiscalía General de la Nación ha confirmado que el menor de edad señalado de disparar contra el político Miguel Uribe Turbay será incluido, junto con su familia, en el programa de protección a testigos. Así lo anunció la fiscal Luz Adriana Camargo, quien reveló que ya se acondicionó un espacio especial para el menor dentro del búnker de la institución.
La decisión, que ha provocado indignación en amplios sectores políticos y sociales, incluye medidas extraordinarias: reubicación familiar, protección policial, sostenimiento económico, y hasta un eventual cambio de nombre para los miembros del núcleo cercano al menor.
“Tenemos un primer avance, que tiene que ver con la inclusión de su familia en el programa de protección de testigos e intervinientes… esto garantiza la seguridad del menor en compañía de nuestro Cuerpo Técnico de Investigaciones”, detalló la fiscal Camargo.
Las autoridades han activado las garantías plenas de la Dirección de Protección de la Policía Nacional para asegurar la integridad de la familia en la calle, mientras el menor permanecerá recluido bajo estricta vigilancia en una zona especial del búnker fiscal.
La medida ha despertado fuertes críticas por lo que muchos consideran un trato desproporcionado frente a la gravedad del hecho. “Las penas para menores que cometen asesinatos o atentados son irrisorias”, se lamentan voces en redes sociales. Ahora, con este caso en particular, se ha confirmado que el presunto sicario —menor de edad— recibirá beneficios equiparables a los de un testigo clave de un cártel.
Además del respaldo físico y logístico, la Fiscalía contempla un sustento económico continuo y la posibilidad de cambiar la identidad de la familia del menor para garantizar su seguridad total. Estas condiciones son parte del paquete completo que otorga el programa, y que se activó de forma prioritaria tras el atentado contra Uribe Turbay.
La noticia ha generado una nueva ola de debates en Colombia sobre la legislación penal juvenil, el uso del aparato estatal en casos de alto impacto, y la percepción ciudadana de impunidad en hechos de violencia armada.
