El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a desmantelar lo poco que quedaba de humanidad en su política migratoria. A partir de este 12 de junio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha comenzado a cancelar los permisos de trabajo de más de medio millón de migrantes que fueron admitidos bajo el programa de parole humanitario, creado durante la administración de Joe Biden para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La medida, de efecto inmediato, se ejecuta tras la resolución de la Corte Suprema del pasado 30 de mayo, que autorizó al actual Presidente Donald Trump a revocar el programa en su totalidad, marcando así el fin de una política que brindó una esperanza temporal a cientos de miles de personas que huían de la pobreza, la violencia o la persecución política.
Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del DHS, no se guardó nada: acusó abiertamente al expresidente Biden de haber “mentido al país” al implementar el parole, señalando que fue una “puerta abierta a extranjeros mal evaluados” que ahora deben abandonar EE. UU. cuanto antes. Las cartas de notificación ya se están enviando y vienen acompañadas de una amenaza: si no se ha legalizado su estatus migratorio, deben “autodeportarse” mediante la aplicación móvil CBP Home, que incluso ofrece un bono de salida de 1,000 dólares.
El programa de parole humanitario se implementó en 2022 para venezolanos, y en 2023 se extendió a nicaragüenses, cubanos y haitianos. Permitía el ingreso mensual de hasta 30 mil personas con permisos temporales de trabajo por dos años. Para muchos, fue una tabla de salvación. Para Trump, fue un error que ahora se revierte con mano dura.
Este revés migratorio, que coincide con el regreso del ala más radical del Partido Republicano al poder, ha puesto en jaque a familias enteras. Miles de trabajadores ya estaban integrados en el mercado laboral estadounidense, aportando a una economía que se nutre de su esfuerzo. Ahora, son considerados ilegales nuevamente, vulnerables a la deportación y al desarraigo.
El DHS ha dejado claro que esta medida no es una excepción, sino parte de un retorno “a las políticas de sentido común”, lo que en el lenguaje del trumpismo significa: muros más altos, redadas más agresivas y puertas cerradas para los que no nacieron bajo la bandera de las barras y las estrellas.
Sin embargo, no todo está perdido. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció que tras una orden judicial federal emitida en Massachusetts el pasado 6 de junio, algunos trámites estancados —como el ajuste de estatus, solicitudes de asilo o TPS— podrían reanudarse. Una pequeña grieta en una muralla de hierro.
Lo cierto es que esta decisión sacude los cimientos de cientos de miles de hogares latinoamericanos. Una vez más, los más golpeados son los migrantes pobres. La política migratoria se convierte en arma electoral y el dolor humano en carnada populista.
