El Presidente Gustavo Petro levantó este martes su voz con la fuerza de quien no está dispuesto a ceder ni un milímetro en defensa de la soberanía judicial de Colombia. Desde su cuenta de X, el mandatario fue claro, directo y sin eufemismos: “Le solicito a la embajada de EE.UU. en Colombia no entrometerse en la justicia de mi país”. El mensaje llegó como una bofetada diplomática en respuesta a las declaraciones injerencistas del senador Marco Rubio y otros actores políticos estadounidenses, que salieron en defensa del expresidente Álvaro Uribe tras su condena en primera instancia por soborno y fraude procesal.
La gota que desbordó la paciencia de Petro fue una serie de pronunciamientos que, a juicio del gobierno colombiano, vulneran la independencia de los jueces y rayan en una grosera intromisión. “Decenas de jueces, magistrados, fiscales han sido asesinados en su lucha contra el narcotráfico y las relaciones del narcotráfico con el Estado colombiano”, recordó el Presidente, aludiendo a décadas de dolor y sangre derramada por mantener en pie una justicia acosada por el crimen y, muchas veces, por la impunidad.
El detonante fue la reacción del senador republicano Marco Rubio, quien aseguró que “el único crimen de Uribe ha sido luchar por su patria”, una afirmación que no solo deslegitima el fallo de una jueza colombiana, sino que además descalifica de forma temeraria a todo el aparato judicial del país. En paralelo, desde Washington, la embajada estadounidense trató de suavizar el impacto, emitiendo un comunicado que hablaba de “principios democráticos” y “contextualización institucional”. Pero en Bogotá, la molestia ya era palpable.
Petro no está solo en su reclamo. La canciller encargada, Rosa Villavicencio, se pronunció con contundencia: “Rechazamos las declaraciones de Marco Rubio sobre la condena a Álvaro Uribe. Su intromisión vulnera nuestra soberanía y desconoce la independencia de la justicia”. La diplomacia colombiana, lejos de agachar la cabeza, sacó pecho.
El mandatario colombiano fue más allá y convocó a las asociaciones de jueces y trabajadores judiciales de Estados Unidos a solidarizarse con Colombia. No es solo una disputa entre gobiernos; es un llamado a la comunidad internacional a respetar la separación de poderes y la dignidad de los pueblos.
Y es que el trasfondo es tan espinoso como simbólico. Álvaro Uribe, exmandatario que marcó una época con su política de “seguridad democrática”, se enfrenta hoy a la justicia ordinaria por hechos gravísimos. Lo que está en juego no es únicamente el futuro judicial de un expresidente, sino la credibilidad del Estado colombiano para juzgar a sus figuras más poderosas sin interferencias externas.
Petro remató su postura con una frase que resonó en todo el continente: “Una intromisión en asuntos judiciales de otro país, es una intromisión a la soberanía nacional”. En una región marcada por siglos de intervenciones, dictados externos y tutelajes, estas palabras tienen el peso de una advertencia.
Hoy, Colombia se enfrenta a una disyuntiva histórica: o cede a las presiones extranjeras o defiende su dignidad jurídica. Con su postura, Petro parece haber escogido el segundo camino. Y con él, buena parte del pueblo colombiano.
