Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, ha confirmado su candidatura al Senado en las elecciones de 2026. No lo hace para aportar ideas nuevas ni proyectos de país, sino para lo que más necesita en este momento: un manto de inmunidad parlamentaria que lo proteja de los juicios que lo acechan.
El propio director del uribismo, Gabriel Vallejo, reconoció que “si los temas judiciales se lo permiten”, Uribe ocupará el puesto número 25 en la lista del Centro Democrático. La frase desenmascara la jugada: su prioridad no es servir a Colombia, sino esquivar a la justicia que lo persigue por vínculos con el paramilitarismo y manipulación de testigos.
Uribe sabe que, sin Senado, quedará a merced de los tribunales. Por eso su candidatura se presenta más como un salvoconducto que como una aspiración política. Se trata de usar el fuero parlamentario como escudo, no de legislar en beneficio del pueblo colombiano.
El expresidente, que alguna vez gobernó con mano dura, hoy se muestra vulnerable y en retirada, recurriendo a la inmunidad para prolongar su impunidad. Su candidatura refleja un proyecto personal de supervivencia, no un compromiso con el futuro del país.
Con este movimiento, Uribe convierte al Senado en su trinchera final: un refugio para esquivar las consecuencias de sus actos y un intento desesperado por evitar que la justicia lo alcance de una vez por todas.
