La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú confirmó la vigencia de la prisión preventiva dictada contra el expresidente Pedro Castillo, quien continuará recluido en el penal de Barbadillo, en Ate. La decisión se dio en el marco del proceso penal que enfrenta por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El tribunal, presidido por el juez supremo César San Martín, declaró infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Castillo contra la resolución emitida el 25 de junio por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley. La defensa pedía sustituir la prisión preventiva por comparecencia con restricciones, alegando irregularidades en la participación de fiscales adjuntos en audiencias que, según su interpretación, debían ser conducidas únicamente por fiscales supremos designados por el Fiscal de la Nación.
La Corte Suprema concluyó que no existe vulneración procesal y precisó que la participación de fiscales provisionales o adjuntos no invalida las actuaciones judiciales ni obliga a retrotraer el proceso. Recordó, además, que el artículo 154, numeral 4, del Código Procesal Penal prohíbe reponer el proceso a etapas ya superadas.
El colegiado también reiteró que la prisión preventiva solo puede levantarse si surgen nuevos elementos de prueba que evidencien la desaparición de los motivos que justificaron su aplicación. En caso contrario, la medida debe mantenerse hasta que concluya el proceso penal.
Castillo enfrenta un pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos para que se le imponga una condena de 34 años de prisión y 3 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas. Los cargos incluyen los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave alteración del orden público en perjuicio del Estado y la sociedad.
Además, el exmandatario está bajo otra orden de prisión preventiva dentro de la investigación por supuesta organización criminal y corrupción vinculada a los casos Petroperú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda.
Con esta decisión, la Corte Suprema cerró la vía de apelación para Castillo respecto a su prisión preventiva por el intento de golpe de Estado, reforzando el marco legal que respalda la medida y dando continuidad a los procesos penales que enfrenta.
