La ONU le puso el pie en el pecho a Estados Unidos. El jefe de la organización, António Guterres, salió a respaldar a su principal fiscal de derechos humanos: los ataques militares de Washington en el Caribe son, directamente, ilegales.
La cosa viene caliente. Volker Türk, el hombre que lleva la carpeta de derechos humanos en la ONU, fue el primero en soltar la bomba. Dijo sin anestesia que lo que hace la armada estadounidense son «ejecuciones extrajudiciales». Guterres, por boca de su portavoz, dijo que Türk tiene toda la razón.
El problema estalló en septiembre. Pero la maquinaria de guerra empezó a moverse antes, en agosto. Fue entonces que EE.UU. mandó al Caribe una flota de miedo: destructores, un submarino nuclear, un buque de asalto y 4.500 marines listos para la pelea.
Sus misiles empezaron a caer sobre barcos cerca de Venezuela. El gobierno norteamericano alega que van cargados de droga. Las explosiones se extendieron después al Pacífico.
Mientras los misiles volaban, en Washington la administración de Trump daba una sesión informativa en el Congreso. Sólo para sus amigos. Invitaron a legisladores del Partido Republicano, dejando fuera a la oposición, para tratar de pintar de legal una operación que huele a pólvora y a muerte.
La cuenta ya es sangrienta: más de 60 muertos en el agua. La ONU exige que paren los ataques. Da igual qué delitos se les impute a las víctimas. Nada justifica, dicen, estas ejecuciones sin juicio.
