El gobierno de El Salvador informó que el país alcanzó este 4 de mayo un total de 900 días sin homicidios desde junio de 2019, cuando Nayib Bukele asumió la presidencia. El anuncio fue hecho por la propia Presidencia de la República a través de redes sociales, como parte de los balances de seguridad que regularmente presenta el Ejecutivo.
Según datos oficiales, este indicador representa un descenso notable respecto a años anteriores, cuando El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo. En 2015, por ejemplo, se registraban más de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes. Hoy, esa cifra se ha reducido drásticamente, según el gobierno, gracias al Plan Control Territorial y al Régimen de Excepción vigente desde marzo de 2022.
No obstante, aunque los datos de homicidios muestran una baja significativa, el modelo de seguridad ha generado controversias dentro y fuera del país. Diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han cuestionado las condiciones del Régimen de Excepción, bajo el cual se han suspendido garantías constitucionales y se han efectuado más de 80,000 detenciones. De ellas, miles aún no han recibido juicio o han sido liberadas sin cargos, lo que ha suscitado denuncias por detenciones arbitrarias y casos de abuso policial.
Analistas salvadoreños destacan que la caída de los homicidios, si bien es un hecho constatable en cifras, debe analizarse también en términos de sostenibilidad democrática. “Es una reducción real, pero conseguida a un alto costo institucional”, opinó un investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de El Salvador.
Organismos como Amnistía Internacional, la CIDH y Human Rights Watch han expresado su preocupación por el uso excesivo del poder punitivo del Estado, advirtiendo sobre la consolidación de un modelo autoritario que sacrifica derechos fundamentales en nombre de la seguridad.
El gobierno, por su parte, sostiene que el país vive un nuevo momento histórico y que los salvadoreños respaldan masivamente su estrategia. Encuestas recientes muestran niveles altos de aprobación hacia Bukele, particularmente entre sectores populares que han experimentado mejoras en la seguridad cotidiana.
El debate sigue abierto: mientras una parte de la población celebra la reducción de la violencia homicida, otra observa con inquietud el debilitamiento del Estado de derecho. En medio de estos dos polos, el país suma ahora 900 días sin homicidios: un récord estadístico que, como todo fenómeno político, tiene múltiples lecturas.
