El Tribunal Superior de Bogotá resolvió absolver al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez en el caso de soborno a testigos y fraude procesal, una decisión que desató una tormenta política y moral en Colombia. La sentencia revierte la condena de doce años de prisión domiciliaria que le había impuesto la jueza Sandra Liliana Heredia en agosto, cuando halló probadas las maniobras de Uribe y su abogado Diego Cadena para ofrecer beneficios a exparamilitares dispuestos a retractarse de testimonios que lo vinculaban con la creación del Bloque Metro de las AUC.
La resolución judicial, que favorece al máximo exponente del uribismo, fue adoptada por los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo. En su lectura, el Tribunal invalidó parte de las interceptaciones telefónicas realizadas por la Corte Suprema en 2018, alegando que se trató de escuchas “ilícitas”. Esa decisión, considerada por amplios sectores como un giro político más que jurídico, pulveriza el trabajo de años de fiscales, jueces y víctimas que buscaron llevar al exmandatario ante la justicia.
El fallo genera indignación en un país donde la memoria del conflicto armado sigue marcada por la violencia paramilitar. Las víctimas perciben en esta absolución una señal de impunidad, un mensaje de que los poderosos aún pueden torcer el rumbo judicial. En cambio, el entorno de Uribe celebra el dictamen como “victoria de la verdad”, mientras sus detractores lo califican de “derrota de la justicia”.
El proceso, que se arrastra desde 2018, había puesto sobre la mesa una trama de presiones, sobornos y manipulación de testigos, con grabaciones y testimonios que, para la Fiscalía, demostraban la responsabilidad directa de Uribe. Sin embargo, el Tribunal descartó gran parte de ese material probatorio, argumentando irregularidades en la obtención de pruebas.
El abogado Diego Cadena, señalado como intermediario del expresidente, también fue beneficiado con la decisión. La absolución refuerza la percepción de que los tribunales colombianos siguen actuando con criterios de clase, absolviendo a quienes han tenido poder político o económico.
Los movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos anunciaron que apelarán la sentencia ante la Corte Suprema, denunciando la existencia de presiones políticas y mediáticas. En redes y calles de Bogotá, Medellín y Cali se repiten las consignas contra la impunidad, mientras los familiares de las víctimas del paramilitarismo recuerdan que Uribe nunca fue juzgado por los crímenes ocurridos bajo su gobierno.
El presidente Gustavo Petro no ha comentado oficialmente el fallo, pero varios miembros de su bancada cuestionaron el silencio institucional frente a una decisión que consideran un retroceso en la búsqueda de verdad y reparación.
La historia judicial de Álvaro Uribe suma un nuevo capítulo, pero la herida del país no cicatriza. Detrás de la absolución se impone la sombra de un sistema judicial que parece doblegarse ante el peso de los mismos poderes que un día prometió controlar.
