Jair Bolsonaro, el expresidente que intentó aferrarse al poder con un plan de corte golpista, volvió a escena. A través de sus abogados presentó una apelación ante la Corte Suprema de Brasil para reducir la sentencia de 27 años y tres meses de prisión que enfrenta por intentar derrocar al gobierno legítimo tras su derrota electoral en 2022.
El documento entregado el lunes al máximo tribunal brasileño alega “injusticias profundas” y cuestiona el fallo que lo declaró culpable de conspirar contra el orden constitucional. La defensa intenta abrir una rendija legal para modificar un fallo que fue unánime en casi todos sus puntos y que dejó a Bolsonaro bajo arresto domiciliario desde agosto.
El exmandatario fue hallado responsable de encabezar una trama con tintes militares destinada a impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva. Las pruebas presentadas por la Fiscalía lo señalan como el articulador de un grupo que planeó acciones violentas y que incluso consideró eliminar físicamente al entonces presidente electo.
El argumento central de la apelación es que el tribunal lo condenó por dos delitos que, según sus abogados, se solapan: organizar un golpe y promover la abolición violenta del Estado de derecho. Intentan convencer a los jueces de que esas figuras legales no deberían acumular penas, aunque los expertos consideran la maniobra más política que jurídica.
El profesor João Pedro Padua, de la Universidad Federal Fluminense, advirtió que esta clase de recursos “no cambia el fondo del caso y puede ser interpretada como un intento de demorar lo inevitable”. La Corte Suprema ya fijó el calendario de deliberaciones entre el 7 y el 14 de noviembre.
Siete colaboradores del golpista fueron condenados junto a él. Solo Mauro Cid, su antiguo asistente militar, aceptó cooperar con las autoridades. Todos los demás apelaron.
Bolsonaro no ha mostrado arrepentimiento. Desde su residencia vigilada continúa enviando mensajes a su círculo más cercano, insistiendo en que fue víctima de una “persecución política”, el mismo discurso que usó para encender a sus seguidores cuando los tribunales lo declararon inelegible.
El proceso, que sacudió a Brasil y repercutió en la región, también dejó consecuencias diplomáticas. El Presidente Donald Trump, al reaccionar al fallo, impuso un arancel del 50% a los productos brasileños, calificando la condena como una “cacería de brujas”. La medida tensó las relaciones entre Washington y Brasilia hasta la reciente cumbre de la ASEAN, en Malasia, donde Lula y Trump mantuvieron una conversación directa para recomponer el vínculo.
El futuro político de Bolsonaro parece cerrado por los tribunales, pero sus intentos de sobrevivir en el escenario judicial demuestran que todavía busca mantenerse en el foco. En Brasil, su nombre sigue dividiendo, aunque la justicia, esta vez, parece no dejar margen a los caprichos de los caudillos de turno.
