Este lunes la Asamblea Legislativa rechazó, por falta de mayoría, levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves Robles en el marco del caso BCIE, donde enfrenta una acusación por el delito de concusión. La votación cerró con 34 votos a favor y 21 en contra, sin alcanzar los 38 necesarios para quitarle el fuero.
La decisión congela el proceso penal hasta que Chaves deje la Presidencia en mayo de 2026 —o hasta que no ocupe un cargo que le otorgue inmunidad. En contraste, el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, imputado en la misma causa, sí renunció a su inmunidad y enfrentará juicio.
El fiscal general Carlo Díaz Sánchez sostiene que Chaves y Rodríguez forzaron al productor Christian Bulgarelli a entregar $32.000 al exasesor de imagen presidencial Federico Cruz, alias “Choreco”, con fondos ligados a un contrato financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Se trata de la primera vez desde la Segunda República que el Congreso costarricense vota una solicitud de desafuero presidencial.
A favor del desafuero: fracciones del Frente Amplio, Liberal Progresista, mayoría del PLN y algunos socialcristianos. Argumentaron que nadie está por encima de la ley y que la Asamblea no juzga culpabilidad, solo permite que la justicia actúe.
En contra: oficialismo (salvo una diputada), Nueva República, parte del PUSC y la liberacionista Carolina Delgado. Alegaron persecución política, riesgo de desestabilización y cálculo electoral a pocos meses de los comicios de 2026.
El desenlace revela alineamientos estratégicos en la Asamblea. Fracciones que han actuado como satélite del gobierno terminaron salvando al mandatario, mientras sectores opositores quedaron divididos.
Aunque Chaves sale fortalecido en lo inmediato, el caso seguirá marcando la agenda política costarricense. Su futuro judicial queda pendiente hasta después del 8 de mayo de 2026, cuando entregue la banda presidencial.
