El jueves 11 de septiembre quedará marcado como una jornada clave en la historia democrática de Brasil. El Supremo Tribunal Federal (STF) alcanzó la mayoría necesaria para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por su intento de golpe de Estado tras la derrota electoral de 2022. La decisión, impulsada por el voto firme y meticuloso de la ministra Carmen Lúcia, coloca por primera vez a un exmandatario brasileño frente a una condena por atentar contra el Estado de derecho.
La magistrada no se limitó a señalar los hechos del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores bolsonaristas irrumpieron en las sedes de los poderes en Brasilia. Su voto, calificado como histórico, reconstruyó el engranaje de maniobras ilegales que incluyeron reuniones secretas con militares, la redacción de decretos inconstitucionales y la propagación de un discurso incendiario que preparó el terreno para el caos.
El fallo, respaldado también por los ministros Alexandre de Moraes y Flávio Dino, deja aislado al juez Luiz Fux, quien se pronunció por la absolución. Con tres votos contra uno, la condena se convierte en una realidad irreversible, a la espera del último pronunciamiento del ministro Cristiano Zanin, que ya no puede cambiar el rumbo del proceso.
Bolsonaro, que se declaró inocente, enfrenta junto a siete de sus colaboradores —entre ellos Walter Braga Netto y Mauro Cid— penas que podrían superar los 40 años de prisión. La Fiscalía General de la República lo señala como el “jefe” de una organización criminal destinada a impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva y perpetuar un régimen autoritario.
Carmen Lúcia, la segunda mujer en llegar al STF, describió las “prácticas golpistas” del bolsonarismo como una amenaza existencial a la democracia brasileña. En su intervención, subrayó que la intentona comenzó en 2021, justo cuando Lula recuperó sus derechos políticos, lo que desató en el Palacio del Planalto una maquinaria desesperada por evitar la derrota en las urnas.
Mientras tanto, miles de ciudadanos salieron a las calles para exigir justicia. En las manifestaciones del pasado fin de semana, la consigna más repetida fue clara: “Bolsonaro preso já”. Para la mayoría de brasileños, este proceso no solo se trata de castigar a un expresidente, sino de reafirmar que la democracia no se negocia ni se somete a chantajes militares o mediáticos.
El desenlace definitivo se espera este viernes, cuando el juez instructor Alexandre de Moraes presente las penas concretas. Más allá de los años de cárcel que le correspondan, el juicio contra Bolsonaro ya es visto como un parteaguas en América Latina: un mensaje de que los intentos de golpe, aunque se disfracen de patriotismo, terminan enfrentándose a la justicia.
Brasil, con esta condena, se coloca en la vanguardia de la defensa de la democracia en la región. El país envía una advertencia directa: nunca más se tolerará que un dirigente utilice la fuerza y la mentira para vulnerar la voluntad popular.
