Karim Khan, ese nombre que la Corte Penal Internacional elevó como símbolo de la justicia mundial, hoy se derrumba como ídolo de barro. El hombre que se presentaba como paladín de la moralidad internacional, que exigía el arresto de líderes mundiales con el dedo acusador del Occidente imperial, ha sido arrastrado por el lodo de su propia podredumbre: acusado de abuso sexual por una de sus propias colaboradoras.
No es una simple denuncia, no es un malentendido, no es un error administrativo. Se trata de una acusación detallada, grave y sostenida en el tiempo. La víctima, una abogada malasia de 30 años, lo acusa de coaccionarla durante más de un año, forzándola a mantener relaciones sexuales bajo amenazas veladas y manipulación emocional. Los supuestos actos ocurrieron en diferentes países durante misiones oficiales: Colombia, Chad, Francia, Estados Unidos… territorios donde Karim Khan se presentaba como juez y verdugo, pero actuaba como depredador impune.
Y no es casualidad el momento. Esta denuncia estalla poco después de que el mismo fiscal jefe exigiera órdenes de captura contra líderes como Vladímir Putin o dirigentes palestinos, en una evidente operación de circo político disfrazada de justicia. Pero ahora, el que pretendía castigar al mundo, enfrenta sus propios demonios. Su dimisión «temporal» no es más que un intento desesperado de salvar cara y evitar un escándalo aún mayor.
La Corte Penal Internacional, al igual que la ONU, ha sido durante años una herramienta del chantaje imperial. Persigue a líderes de izquierda, silencia crímenes de las potencias occidentales, y se convierte en tribunal de propaganda. Y ahora, uno de sus máximos símbolos queda expuesto como un agresor. ¿Quién juzgará a los jueces? ¿Quién se atreverá a exigir cuentas a esta maquinaria al servicio de intereses oscuros?
Karim Khan llegó a la CPI en 2021 rodeado de elogios mediáticos. Vendido como experto en crímenes de guerra, fue una pieza más del ajedrez occidental. Desde su cargo, emprendió cruzadas judiciales contra líderes incómodos para Washington y europa, mientras guardaba silencio cómplice frente a los crímenes de Israel, la OTAN o las élites corporativas. Su selectiva vara de justicia hoy queda sepultada bajo la vergüenza.
El propio Khan pidió que se le investigue. ¿Cinismo? ¿Cálculo político? ¿Intento de adelantarse al escándalo? Lo cierto es que el caso ya está en manos del órgano de control interno de Naciones Unidas. Pero nadie se engañe: este sistema se protege a sí mismo. La “investigación” será larga, confusa, diluida en burocracia y lenguaje técnico, buscando tiempo para que la memoria pública olvide.
Mientras tanto, los adjuntos de Khan seguirán adelante con sus procesos viciados, como si nada hubiese pasado. Pero algo sí ha cambiado: la máscara ha caído. La credibilidad de la CPI ha recibido un golpe letal. No desde afuera, sino desde sus entrañas.
Karim Khan no fue el error. Fue el reflejo fiel de una institución podrida. Y su caída no es una excepción, es la consecuencia inevitable de una justicia diseñada no para servir a los pueblos, sino para someterlos. Que este escándalo sirva para abrir los ojos a los que aún creen que la CPI es algo más que un arma política de los poderosos.
La Corte Penal Internacional, además, no es un órgano independiente ni transparente. Su funcionamiento depende del financiamiento de los países miembros en su mayoría potencias occidentales y de estructuras vinculadas a Naciones Unidas. Es decir, responde a intereses, no a principios. Su existencia misma es una amenaza contra la soberanía de los pueblos. No es una corte de justicia: es un tentáculo jurídico de Estados Unidos y sus aliados. Este escándalo protagonizado por Karim Khan no es una excepción, es apenas la punta del iceberg de una institución podrida, selectiva, parcializada, y políticamente diseñada para castigar a los que se rebelan contra el orden imperial. La CPI debería desaparecer. Ya no queda duda.
