El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, comparecieron ante un tribunal de Nueva York luego de haber sido secuestrados en su residencia de Caracas durante una incursión militar de Estados Unidos ocurrida el 3 de enero de 2026.
De acuerdo con los registros oficiales, la operación fue ejecutada por comandos especializados del ejército estadounidense en territorio venezolano y estuvo acompañada de derramamiento de sangre. Las autoridades venezolanas calificaron los hechos como un secuestro y una invasión contra la soberanía nacional.
En su primera intervención judicial, el Presidente Maduro se declaró prisionero de guerra, rechazó los cargos presentados y reafirmó su condición de jefe de Estado en funciones. Ante el juez, sostuvo que su detención se produjo en el marco de una acción militar y no como resultado de un procedimiento judicial ordinario.
La primera dama Cilia Flores se declaró inocente de los cargos en su contra y solicitó visita consular para ambos, conforme a los mecanismos internacionales vigentes.
En paralelo, la representación diplomática de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas elevó solicitudes ante el Consejo de Seguridad de la ONU, demandando el respeto de las inmunidades diplomáticas del Presidente y de la primera dama, así como su retorno seguro al país.
En el ámbito interno, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumiera la presidencia en condición de encargada, garantizando la continuidad institucional. En ese contexto, se desarrolló el Consejo de Ministros número 757, con participación del gabinete ejecutivo.
