Una vez más, la justicia española ha cerrado filas en torno al rey emérito Juan Carlos I, al rechazar una querella que buscaba reabrir investigaciones por presuntos delitos fiscales relacionados con estructuras opacas y millonarias donaciones no declaradas. El fallo, dictado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, encarna lo que muchos consideran un nuevo episodio de blindaje institucional hacia una figura señalada por escándalos internacionales y corrupción.
La querella, interpuesta por un grupo de juristas en ejercicio de la acción popular, apuntaba directamente a las fundaciones Zagatka y Lucum, vehículos financieros utilizados por el emérito para mover grandes sumas de dinero, evitar impuestos y favorecer donaciones no registradas. No obstante, el tribunal, siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal, ha decidido archivar el caso bajo el argumento de que los hechos o ya prescribieron, o fueron objeto de «regularización tributaria».
Lo paradójico del fallo es que se sostiene en que la querella “no aporta nuevos datos”. Pero ¿cuándo un ciudadano común necesita presentar “nuevos datos” para exigir justicia sobre delitos ya documentados y reconocidos por el propio implicado mediante regularizaciones exprés?
Este cierre judicial, presentado como un acto técnico, oculta una cruda realidad: en España sigue habiendo ciudadanos por encima de la ley. La resolución no solo ignora los indicios ya conocidos, sino que además descalifica el esfuerzo de los querellantes, a quienes acusa de «entusiastas valedores» de intereses tributarios ya satisfechos, cuando en realidad estaban exigiendo justicia real y transparencia democrática.
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción española ya había decidido archivar previamente sus investigaciones contra Juan Carlos I. Y ahora, esta resolución del Supremo le pone el último clavo al ataúd de cualquier intento por juzgar al monarca, aunque las evidencias sobre la existencia de cuentas secretas, regalos millonarios de potencias extranjeras y evasión fiscal, se apilen como cajas en los sótanos del poder judicial.
Esta decisión también llega en un contexto donde otros países, como Reino Unido, ya han negado la inmunidad del emérito ante demandas privadas, dejando en evidencia el doble estándar judicial que impera dentro de España.
Desde su retiro en Abu Dabi, Juan Carlos I observa el desarrollo de los acontecimientos con una impunidad que se ha vuelto tan habitual como escandalosa. La monarquía vuelve a salir indemne, mientras el pueblo español contempla cómo se consagra una justicia selectiva, elitista y subordinada a las esferas más rancias del poder.
En tiempos en que se exige integridad a los ciudadanos de a pie, resulta insultante que a la figura de un rey se le siga aplicando una justicia simbólica, más cercana a la pleitesía feudal que a los principios republicanos y democráticos que debería defender el Estado español.
