La Justicia argentina ordenó el decomiso de más de veinte propiedades pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos, en el marco de la causa Vialidad. La medida coincide con una etapa de fuerte confrontación política y vuelve a instalar el debate sobre la relación entre el Poder Judicial y el Gobierno del Presidente Javier Milei.
El tribunal dispuso la entrega de un inmueble de la ex Presidenta y diecinueve bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner, además de más de ochenta propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez. Aunque los jueces aseguran que se trata de una acción derivada de la sentencia, sectores políticos y jurídicos advierten que el caso refuerza la percepción de un esquema dirigido contra la dirigencia peronista.
La coincidencia entre estas decisiones y el discurso oficial del Ejecutivo ha provocado cuestionamientos sobre el uso de causas judiciales para debilitar a la oposición. Milei ha mantenido una postura pública de enfrentamiento con el kirchnerismo, lo que para diversos analistas explica la sincronía entre los movimientos judiciales y la narrativa del Gobierno.
La defensa de Cristina Fernández sostiene que el decomiso se inscribe en una estrategia más amplia que busca limitar su participación política y consolidar un cerco judicial. El procedimiento de traspaso de bienes ya inició, mientras continúan los recursos y acciones legales para frenar lo que el entorno de la ex Presidenta describe como una ofensiva política bajo apariencia judicial.
