El ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, fue acusado este jueves por un gran jurado federal de mal manejo de información clasificada, un hecho que podría costarle décadas en prisión. La acusación, presentada en el tribunal de Greenbelt, Maryland, incluye 18 cargos relacionados con el acaparamiento y transmisión indebida de documentos confidenciales de seguridad nacional.
De acuerdo con la imputación, Bolton utilizó una cuenta personal de correo electrónico de AOL para enviar materiales sensibles mientras ocupaba el cargo entre 2018 y 2019. Algunos de esos documentos, según la investigación, permanecieron almacenados incluso después de haber prometido que no conservaría ningún archivo gubernamental clasificado tras su salida de la Casa Blanca.
Las autoridades sostienen que los materiales fueron expuestos cuando una entidad extranjera logró infiltrarse en su cuenta personal, dejando al descubierto archivos sobre armas de destrucción masiva, comunicaciones estratégicas y reportes internos del Gobierno de Estados Unidos. El caso se reactivó luego de que el FBI encontrara copias de esos documentos durante un allanamiento realizado el 22 de agosto en su residencia de Maryland y en su oficina de Washington D.C.
Bolton, de 76 años, se desempeñó como una de las figuras más radicales dentro del equipo de seguridad nacional de Trump, promoviendo políticas de línea dura contra Irán, Corea del Norte y Venezuela. Su salida del cargo en 2019 fue acompañada de fuertes roces con el entonces Presidente, quien lo acusó públicamente de “buscar guerras en todos lados”.
Según fuentes citadas por medios estadounidenses, la investigación había sido “congelada” durante la administración de Joe Biden, lo que genera cuestionamientos sobre posibles tratos políticos. Sin embargo, el actual Gobierno decidió reabrir el expediente a partir de nueva evidencia sobre el uso de servidores personales para manejar secretos de Estado.
El caso Bolton marca otro episodio en la larga lista de altos funcionarios estadounidenses investigados por la manipulación de información confidencial, una práctica que ha generado escándalos recurrentes dentro de la clase política de Washington.
Por ahora, Bolton enfrenta hasta diez años de prisión por cada uno de los cargos, mientras su defensa sostiene que no hubo intención deliberada de violar normas de seguridad nacional. El proceso judicial apenas comienza, pero ya se perfila como un nuevo terremoto político en el entorno del Presidente Donald Trump.