El más alto tribunal de las Naciones Unidas volvió a señalar al ocupante. La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, emitió una opinión que obliga a Israel a colaborar con las agencias de la ONU para garantizar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Es un fallo que desmonta la excusa de “seguridad” con la que el gobierno de Netanyahu ha intentado justificar el hambre y la devastación.
El juez japonés Iwasawa Yuji, al leer el dictamen, fue claro: ningún poder ocupante puede invocar razones de seguridad para suspender la asistencia a la población civil. El tribunal comprobó que los habitantes de Gaza han recibido suministros insuficientes y que las restricciones impuestas por Israel violan el derecho internacional.
La decisión responde a la solicitud que la Asamblea General de la ONU hizo en diciembre, después de que Israel aprobara leyes para impedir el trabajo de la UNRWA, la principal agencia de Naciones Unidas que atiende a los refugiados palestinos. La Corte también desechó las acusaciones israelíes contra esa institución, afirmando que no existen pruebas que la vinculen con grupos armados.
La resolución subraya que el uso del hambre como método de guerra es un crimen. Recordó a Israel su deber de garantizar la entrada de alimentos, medicinas y combustible, y de proteger al personal humanitario. El texto señala que la UNRWA ha sido “un proveedor indispensable de auxilio” para un pueblo que sobrevive bajo ruinas y sin agua potable.
El gobierno israelí, como era previsible, rechazó la decisión y acusó al tribunal de parcialidad. Su embajador ante la ONU, Danny Danon, calificó la resolución de “documento político” y volvió a culpar a las víctimas de su propio sufrimiento. Pero esta vez, las palabras oficiales no lograron encubrir el hecho: el cerco sobre Gaza ha sido condenado por la comunidad internacional.
El dictamen no es jurídicamente vinculante, pero su impacto es enorme. Refuerza la presión global sobre Israel y deja en evidencia a quienes justifican el bloqueo. En los últimos meses, la Corte ya había dictado medidas cautelares ordenando detener la ofensiva en Rafah y calificando la situación humanitaria como “desastrosa”.
Los jueces recordaron que ningún país está exento de las obligaciones humanitarias impuestas por las convenciones internacionales. Y aunque Israel no reconozca el mandato de la Corte Penal Internacional, sí está sujeto al estatuto de la Corte Internacional de Justicia por ser miembro de la ONU.
Con esta opinión, el tribunal vuelve a colocar a Israel frente al espejo de sus actos. La guerra no puede ser pretexto para asfixiar a un pueblo entero. Cada camión de ayuda que se detiene en la frontera representa una vida que se apaga, y cada día de silencio diplomático se convierte en cómplice del sufrimiento.
