El imperialismo yanqui hirió a la Patria Grande de Simón Bolívar cuando de manera cobarde, en la madrugada del 3 de enero de 2026, invadió Caracas, bombardeó la capital, mató civiles y militares y secuestró al Presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la primera combatiente Cilia Flores, arrancándolos con violencia, violentando toda norma de derecho internacional y trasladándolos a las entrañas del monstruo. Horas después, los enemigos de la humanidad ya tenían en sus manos expedientes con cargos penales prefabricados contra el jefe de Estado venezolano y la primera dama, construidos unilateralmente, con un patrón en estado de descomposición ya conocido, cuando Washington decide actuar fuera del derecho internacional.
Los gringos no reconocen la jurisdicción de la Corte Penal, nunca han aceptado someterse a ella y aun así asumen funciones propias de ese tribunal: acusan, juzgan, inventan cargos contra jefes de Estado y expresidentes que no se arrodillan a sus designios. Exigen su extradición por la vía diplomática y cuando esta no funciona, invaden ese país y los secuestran ilegalmente, convirtiendo su sistema judicial interno en un mecanismo de alcance global.
El traslado de Maduro y Flores en helicóptero hacia el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se produjo bajo custodia policial y militar, encadenando y esposando a un jefe de Estado y a una primera dama, en una flagrante violación de todas las normas del derecho internacional. En la audiencia inicial, el Presidente venezolano compareció sin esposas y respondió de manera directa cuando el juez le preguntó cómo se declaraba.
Maduro afirmó textualmente que se declaraba inocente, que no reconocía la jurisdicción de esa corte y que se consideraba prisionero de guerra. Añadió que fue capturado en su casa de Caracas durante una operación militar extranjera y que seguía siendo el Presidente constitucional de Venezuela. En la misma audiencia, la valiente primera combatiente Silvia Flores también se declaró inocente y solicitó atención médica inmediata.
Su abogado informó ante la corte que presenta lesiones visibles, posibles fracturas en las costillas y un hematoma severo, producto de los golpes recibidos cuando fue sacada a la fuerza durante el operativo criminal, que dejó más de cien fallecidos entre civiles venezolanos y 32 militares cubanos que custodiaban al líder bolivariano. La defensa exigió una evaluación médica completa conforme a los tratados internacionales que obligan al trato humanitario de personas detenidas en contextos de conflicto armado.
La defensa del Presidente Maduro quedó en manos de Barry Pollack, el prestigioso abogado penalista, con más de tres décadas de experiencia en casos complejos y reconocido internacionalmente por haber representado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Pollack fue clave en el proceso que permitió la liberación de Assange tras años de persecución judicial imperialista, un antecedente que refuerza el carácter político de los casos que asume y que ubica el proceso contra Maduro bajo una lupa internacional inevitable. El juez asignado al caso es Alvin K. Hellerstein, de 92 años, puesto de dedo desde la presidencia de Bill Clinton, ya está senil y su permanencia prolongada en el sistema judicial estadounidense han sido señaladas por reconocidos abogados del propio sistema judicial, que lo han acusado de carecer de imparcialidad, en un contexto donde el proceso contra un jefe de Estado capturado mediante una acción militar nace viciado desde su origen.
Mientras se desarrollaba la audiencia en Nueva York, el repudio internacional se multiplicó, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde representantes de Rusia y China calificaron la operación como una agresión armada y exigieron la liberación inmediata del Presidente venezolano y de su esposa. Se denunció que Estados Unidos pretende erigirse como juez supremo del planeta, con derecho a invadir países y ejecutar castigos al margen de cualquier norma internacional y de la soberanía de los Estados.
En ese mismo contexto, el Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó su profunda preocupación por la escalada de violencia, recordó la obligación de respetar la Carta de las Naciones Unidas y llamó a preservar la paz internacional y la no injerencia en los asuntos internos de los países. Desde América Latina, México se pronunció condenando la agresión, mientras que Nicaragua lo hizo desde el mismo día de los hechos, denunciando el secuestro del jefe de Estado venezolano y exigiendo su libertad inmediata. En otras regiones del mundo, países como Turquía, a través de su presidente Recep Tayyip Erdoğan, expresaron su rechazo a la operación militar y defendieron el respeto a la soberanía de los Estados.
En el plano interno, Venezuela activó los mecanismos constitucionales para garantizar la continuidad del Estado. La Asamblea Nacional juramentó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, mientras el Gobierno denunció formalmente ante organismos internacionales la agresión militar y la violación sistemática del derecho internacional humanitario. El país presentó pruebas del bombardeo, de las víctimas civiles y del secuestro de su Presidente y la primera dama.
¡Que viva el Presidente Constitucional de Venezuela, compañero Nicolás Maduro!
¡Que viva la primera combatiente Cilia Flores!
¡Los pueblos están determinados a ser y a vivir en libertad!
