En lo que ya muchos consideran una escalada represiva sin precedentes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció con tono triunfal la detención de 1.120 inmigrantes durante una operación llamada “Marea”, desarrollada entre el 21 y el 26 de abril. El megaoperativo, ejecutado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) junto a otras agencias federales y locales, ha desatado polémica en todo el país por su enfoque punitivo y sus implicaciones humanas.
“Son personas que nunca debieron estar en el país”, declaró DeSantis en conferencia de prensa, exhibiendo una narrativa que criminaliza la migración irregular y busca fortalecer su imagen como abanderado del orden y la mano dura. Según ICE, los detenidos son en su mayoría inmigrantes con antecedentes criminales, aunque organizaciones de derechos humanos cuestionan la transparencia del operativo y denuncian posibles perfiles raciales y abusos procesales.
Los números revelados por ICE hablan de una operación quirúrgicamente selectiva: 437 guatemaltecos, 280 mexicanos, 153 hondureños, 48 venezolanos, 24 salvadoreños y 178 de otras nacionalidades fueron arrestados en distintos puntos de Florida, principalmente en condados como Hillsborough, Orange, Pinellas y Volusia. El 63% ya contaba con órdenes de arresto previas o condenas penales, según el reporte oficial.
La subdirectora de ICE, Madison Sheahan, calificó la operación como un “hito de cooperación estatal y federal”, destacando el involucramiento del FBI, la DEA, la Patrulla Fronteriza y múltiples oficinas del sheriff. Pero no todos lo ven como una victoria. Colectivos latinos y defensores de migrantes lo perciben como una ofensiva política con fines electoralistas, disfrazada de acción de seguridad pública.
En un giro que ha encendido alarmas, DeSantis reveló una propuesta para que la Guardia Nacional de Florida asuma funciones de jueces migratorios. El plan, ya entregado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), busca facultar a personal militar con formación jurídica para dictar decisiones de deportación exprés, lo cual representaría una peligrosa militarización del sistema migratorio.
“Florida es ahora el núcleo de la aplicación de la ley migratoria en Estados Unidos”, proclamó DeSantis, al tiempo que celebraba que más de 250 agencias locales del estado están asociadas con ICE bajo el programa 287(g), una herramienta legal que permite a policías locales actuar como agentes federales de inmigración.
Aunque ICE asegura que quienes tienen orden final de deportación ya están siendo expulsados y el resto está bajo custodia a la espera de resolución judicial, no se han publicado cifras claras sobre cuántos casos podrían haber implicado errores o arbitrariedades.
Con esta operación, DeSantis fortalece su discurso de “ley y orden” de cara a sus ambiciones presidenciales, pero al costo de aumentar la vulnerabilidad de miles de familias migrantes que viven con miedo constante. La “Operación Marea” no solo deja cifras: deja también cicatrices.
