El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal informó este viernes que el país hará oficial el reconocimiento del Estado de Palestina el próximo domingo 21 de septiembre, justo antes de que inicie la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
La cancillería portuguesa señaló en un comunicado que la decisión responde a los “acontecimientos extremadamente preocupantes” en torno al conflicto en Gaza, tanto por la magnitud de la crisis humanitaria como por las amenazas de anexión de territorios palestinos por parte de Israel.
De concretarse, Portugal se sumaría a otros países occidentales como Reino Unido, Canadá y Francia, que también han adelantado su disposición a anunciar el reconocimiento en la ONU. Fuentes diplomáticas francesas señalaron además que Andorra, Australia, Bélgica, Luxemburgo, Malta y San Marino preparan pronunciamientos similares.
Aunque el Gobierno luso ya había manifestado en julio su intención de dar este paso, la gravedad de la situación en Gaza y las denuncias de organismos internacionales aceleraron la decisión. El canciller Paulo Rangel había advertido en meses anteriores que resultaba “inevitable” una definición clara en favor de la causa palestina.
Israel, por su parte, ha criticado con dureza estos planes de reconocimiento, alegando que equivalen a premiar a Hamas tras el ataque del 7 de octubre de 2023, que marcó el inicio de la actual escalada bélica. Sin embargo, la presión de la opinión pública internacional y el deterioro de las condiciones de vida en la Franja han llevado incluso a aliados históricos de Tel Aviv a considerar un cambio de rumbo.
En caso de que los anuncios previstos se materialicen en la Asamblea General, el bloque de países que reconoce oficialmente a Palestina se ampliaría a más de tres cuartas partes de los 193 Estados miembros de la ONU. La sesión del organismo mundial estará dedicada a discutir, una vez más, la viabilidad de la llamada solución de dos Estados como salida al prolongado conflicto israelí-palestino.
El movimiento diplomático no solo refleja la urgencia humanitaria, sino también el peso creciente de las presiones políticas y sociales en Europa y otras regiones, donde crece la exigencia de un posicionamiento firme en defensa del derecho internacional.
