En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, la misión permanente de Rusia lanzó un contundente alegato contra las más de mil sanciones internacionales impuestas a Venezuela. Moscú advirtió que estas medidas coercitivas unilaterales no solo violan el Derecho Internacional, sino que constituyen una “seria amenaza para los derechos humanos” del pueblo venezolano.
El pronunciamiento se realizó en el marco del 60º período de sesiones del Consejo, que se desarrolla entre el 8 de septiembre y el 8 de octubre. La representación rusa alertó que la presión externa en forma de sanciones ilegítimas “ya ha impuesto más de 1.000 restricciones diferentes contra Caracas, con una proyección humanitaria directa”. Además, criticó la politización del trabajo del propio Consejo de Derechos Humanos.
La posición de Rusia se alinea con los reclamos históricos del gobierno del Presidente Nicolás Maduro, que ha denunciado de manera sistemática el impacto devastador de las medidas impuestas desde Washington y replicadas por sus aliados occidentales. En abril pasado, el canciller venezolano Yván Gil celebró que la mayoría de las naciones miembros de este organismo reconocen el carácter criminal de estas acciones.
Gil, en declaraciones anteriores, había subrayado que las sanciones constituyen un “crimen” contra la población y exigió su levantamiento “incondicional”. También responsabilizó a la oposición venezolana de promover estas medidas tras su fracaso político, con la intención de asfixiar a la nación por vías externas.
El Observatorio Venezolano Antibloqueo confirma que Venezuela es hoy el quinto país más sancionado del mundo, acumulando 1.039 medidas coercitivas en una década. El recrudecimiento fue especialmente duro a partir de 2017 y 2019, bajo la administración de Donald Trump, con el claro objetivo de provocar un cambio de gobierno en Caracas.
El costo humano de este arsenal de sanciones es estremecedor. Un reciente estudio internacional estimó que más de 560.000 muertes adicionales se registran cada año como consecuencia de estas medidas, con especial impacto en niños menores de cinco años y en adultos mayores. La investigación, liderada por los economistas Francisco Rodríguez, Silvio Rendón y Mark Weisbrot, concluyó que las sanciones elevan la mortalidad infantil hasta en un 8,4% y la mortalidad de adultos mayores en 2,4 puntos.
La condena rusa cobra fuerza al coincidir con la percepción mayoritaria dentro de Venezuela. Una encuesta de Hinterlaces, publicada en mayo de 2025, reveló que el 91% de los venezolanos rechaza las sanciones, mientras apenas un 7% las respalda. El dato refleja un consenso nacional contra estas medidas que han erosionado la calidad de vida de millones de personas.
En Ginebra, la voz rusa se sumó a la denuncia de que las sanciones, lejos de ser un instrumento diplomático, se han convertido en un arma de guerra económica contra los pueblos. Y en el caso venezolano, la evidencia demuestra que los más golpeados son los sectores más vulnerables de la sociedad.
Con este mensaje, Rusia dejó en claro que seguirá defendiendo a Venezuela en los foros multilaterales, advirtiendo que la comunidad internacional no puede cerrar los ojos frente a un mecanismo de presión que erosiona la soberanía, la estabilidad y los derechos fundamentales de una nación entera.
