La tensión diplomática entre Venezuela y El Salvador alcanzó un nuevo pico este jueves, cuando el Fiscal General venezolano, Tarek William Saab, acusó al presidente Nayib Bukele de cometer el grave delito de trata de personas al encarcelar migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos a cambio de sumas millonarias.
En una contundente entrevista brindada a la agencia AFP, Saab denunció que Bukele estaría recibiendo 7 millones de dólares por mantener presos a ciudadanos venezolanos en el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que ha sido emblema del régimen salvadoreño en su “guerra contra las pandillas”.
“Está haciendo un negocio sucio con la vida y libertad de nuestros compatriotas. Eso es trata de personas, eso es esclavitud moderna. Y en algún momento, la justicia internacional le pasará la factura a Bukele”, sentenció Saab, elevando el tono del conflicto que desde hace semanas enfrenta a Caracas y San Salvador.
La raíz de este escándalo tiene varias capas. Bajo la añeja Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la administración del presidente estadounidense Donald Trump deportó sin juicio a 252 venezolanos, acusándolos de tener vínculos con la pandilla Tren de Aragua. Sin embargo, según Saab, estos traslados se han convertido en un oscuro negocio carcelario en el que El Salvador, con Bukele a la cabeza, obtiene financiamiento estadounidense para encerrar migrantes, bajo el pretexto de combatir el crimen organizado.
De hecho, la propia Casa Blanca confirmó que 6 millones de dólares fueron asignados a Bukele por albergar a un primer grupo de 200 detenidos venezolanos. Bukele defendió esa transacción como una forma de sostener su sistema penitenciario, afirmando que «la tarifa es baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros». Pero para Venezuela, ese argumento es inaceptable.
“El encarcelamiento de estos venezolanos en El Salvador no solo es ilegal, es inhumano. Exigimos su liberación inmediata e incondicional”, enfatizó Saab, quien acusó a Bukele de “mercantilizar la vida de los migrantes”.
El conflicto escaló aún más cuando Bukele propuso, el pasado 20 de abril, un canje de los 252 migrantes venezolanos detenidos en el Cecot por la misma cantidad de personas que él califica como “presos políticos” en Venezuela. Caracas rechazó tajantemente esa oferta, calificándola como una maniobra para legitimar el secuestro de sus ciudadanos.
Las voces de familiares de los detenidos en el Cecot también se han hecho escuchar. Muchos sostienen que sus seres queridos no tienen ninguna conexión con el Tren de Aragua y que fueron apresados solo por tener tatuajes, una práctica discriminatoria que las autoridades estadounidenses utilizan para perfilar supuestos pandilleros. Incluso, la periodista Ronna Rísquez, experta en crimen organizado, ha aclarado que el Tren de Aragua no utiliza tatuajes como distintivos, desmontando uno de los principales argumentos esgrimidos para justificar estas detenciones.
Desde Caracas, la narrativa es clara: Venezuela no permitirá que se normalice el uso de sus ciudadanos como fichas de intercambio ni como fuente de financiamiento carcelario. “Esto es un delito de lesa humanidad, y exigimos que organismos internacionales tomen cartas en el asunto”, concluyó Saab.
Mientras tanto, Bukele sigue apostando a su política de mano dura y al Cecot como símbolo de su gestión, aunque esta vez, la presión internacional podría estar tocando a su puerta.
