En una movida sin precedentes, el presidente Donald Trump ha oficializado un polémico programa de “autodeportación asistida” que ofrece 1.000 dólares en efectivo y un boleto de avión pagado a migrantes indocumentados que acepten abandonar voluntariamente el territorio estadounidense.
La iniciativa, impulsada desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se articula a través de una aplicación móvil llamada “CBP Home”, donde los migrantes pueden registrarse y optar por el paquete de retorno. Según fuentes oficiales, quienes se inscriben en el programa serán considerados “de baja prioridad” para futuras detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Es la forma más segura, digna y rentable de salir de Estados Unidos”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una rueda de prensa en Virginia. Afirmó que esta medida permite reducir drásticamente el costo promedio de una deportación forzada —estimado en 17.000 dólares por persona— a menos de un tercio, haciendo uso de incentivos económicos en lugar de redadas masivas.
La medida, que ya ha sido aplicada con éxito en al menos 73 casos piloto, ha comenzado a generar una avalancha de solicitudes entre migrantes centroamericanos, particularmente de origen hondureño, guatemalteco y salvadoreño. Un caso emblemático es el de un joven hondureño en Chicago que utilizó el programa para regresar a Tegucigalpa sin ser detenido por ICE.
El gobierno de Trump, que ha prometido ejecutar la mayor operación de deportación de la historia moderna si regresa a la Casa Blanca, está utilizando esta estrategia como una forma de “deportación voluntaria” que —según expertos— podría facilitar el retorno legal en el futuro a ciertos solicitantes, aunque no se han detallado los mecanismos para ello.
Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Abogados y defensores de derechos humanos advierten que aceptar la autodeportación a través de este programa puede activar automáticamente sanciones migratorias que impiden el reingreso legal a EE.UU. durante varios años. “Es una trampa legal camuflada de caridad”, denunció la organización RAICES, con sede en Texas.
A pesar de ello, el programa está siendo presentado por la administración Trump como una alternativa “humanitaria” a las redadas forzadas y la detención en centros migratorios, muchos de los cuales han sido objeto de fuertes denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos.
En recientes declaraciones, dejó claro que no habrá amnistías, ni caminos rápidos a la ciudadanía: “El que está ilegal, se va. Y si se va solo, le pagamos el pasaje”.
Con una retórica que recuerda los días más duros de su primer mandato, el republicano ha vuelto a colocar a los migrantes en el centro del debate electoral. Ahora, con dinero en mano y boletos listos, intenta que sean ellos mismos quienes firmen su salida. Literalmente.
