El Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad a Álvaro Uribe Vélez, mientras se resuelve la apelación de la condena a 12 años que le impuso la juez Sandra Heredia. La decisión, plasmada en un fallo de tutela de 38 páginas, ha despertado controversia y cuestionamientos sobre el alcance real de la justicia cuando se trata de un personaje que concentra poder político y mediático.
Los magistrados Leonel Rogeles Moreno y Aura Alexandra Rosero Baquero justificaron su decisión alegando que los criterios de la juez de primera instancia fueron “vagos e imprecisos”. Sin embargo, para amplios sectores críticos, el fallo se convierte en una puerta abierta a la impunidad, pues relativiza delitos graves como el soborno a testigos y el fraude procesal.
El argumento central del Tribunal se basó en que no había riesgo de fuga ni de manipulación de pruebas, y que el comportamiento de Uribe en el proceso fue “colaborador”. Pero los detractores advierten que esa benevolencia con un hombre de su talla política contrasta con la dureza con que suelen tratarse casos de ciudadanos comunes, sin apellido ni poder.
También fue motivo de polémica que los jueces desestimaran el carácter ejemplarizante de la sentencia de Heredia. La sociedad colombiana, golpeada por décadas de corrupción y violencia, esperaba señales firmes de que la justicia es capaz de actuar sin contemplaciones, incluso frente a figuras que fueron presidentes. En cambio, lo que se percibe es una justicia que vuelve a ceder.
El fallo cuestiona a la juez por haber usado como criterio la “percepción ciudadana” y la “convivencia pacífica”. Pero lo que no aborda de fondo es el historial de Uribe en procesos judiciales donde, una y otra vez, ha logrado salir mejor librado que cualquier otro acusado. Esa reincidencia en investigaciones inconclusas alimenta la sospecha de que, en Colombia, la justicia no es igual para todos.
La tutela también sostiene que Uribe nunca intentó evadir a la justicia. Pero los críticos responden que ese estándar es mínimo: informar viajes internacionales no puede convertirse en mérito, ni borrar el hecho de que el expresidente fue condenado en primera instancia por manipular testigos y torcer procesos judiciales.
Ahora, la boleta de libertad ya fue expedida y Uribe sale nuevamente fortalecido en lo político, aunque debilitado en lo ético. La condena no desaparece, pero queda suspendida hasta que la Sala Penal del mismo Tribunal decida la apelación. Y ahí surge la pregunta: ¿qué tan imparcial será esa decisión en un país donde la balanza judicial históricamente se inclina según el peso del acusado?
Lo cierto es que el caso Uribe vuelve a exponer la fragilidad de las instituciones colombianas. Una justicia que duda, que recula y que abre la puerta a la incertidumbre, deja la sensación de que el expresidente más polémico del país, una vez más, se mueve en un terreno donde el poder pesa más que la verdad.
