La tarde de este viernes, la plataforma YouTube, propiedad del gigante tecnológico Google, eliminó sin aviso ni explicación el canal oficial del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La cuenta, que reunía a más de 233 mil suscriptores, mostraba de inmediato un mensaje frío y lapidario: “Esta página no está disponible”.
El golpe no es menor. Durante años, el Presidente Maduro utilizó ese espacio para difundir mensajes institucionales, pronunciamientos oficiales y alocuciones de interés nacional e internacional. Era, además, una ventana directa hacia los pueblos del mundo, fuera de los filtros mediáticos dominados por las grandes corporaciones.
El cierre se produce en un contexto de fuerte presión contra Caracas. Apenas días atrás, el 15 de septiembre, el Presidente Maduro había denunciado ante 47 medios internacionales y 170 representaciones diplomáticas la presencia de buques y tropas estadounidenses en el Caribe sur, calificando estas maniobras como intentos de desestabilización y cambio de Gobierno en Venezuela.
El hecho de que Google decida suprimir el canal justo ahora levanta sospechas inevitables. Aunque la compañía no ha dado explicaciones, resulta imposible desligar esta acción de las operaciones psicológicas y de guerra híbrida que Washington ha venido desplegando contra el país sudamericano.
Google, uno de los emblemas de la concentración tecnológica mundial, fue fundado en 1998 por Larry Page y Sergey Brin y hoy forma parte de la corporación Alphabet Inc. Junto a Meta, controla buena parte del mercado de la publicidad digital a escala global. Solo en Estados Unidos, ambas empresas absorbieron en 2022 casi la mitad de los ingresos totales por publicidad digital. Ese poder, construido sobre el manejo de datos, algoritmos e inteligencia artificial, ha convertido a estas corporaciones en actores con capacidad de silenciar voces enteras.
En este caso, la voz silenciada es la de un Jefe de Estado en funciones. El cierre del canal no solo afecta la comunicación entre el Presidente Maduro y el pueblo venezolano, sino que también constituye un acto de censura política de alcance internacional. Se trata de un precedente grave que evidencia hasta dónde llega el dominio de las plataformas privadas sobre el derecho de los pueblos a informarse y comunicarse sin intermediarios.
Venezuela enfrenta este nuevo episodio como parte de una ofensiva mayor. Para el Gobierno bolivariano, lo ocurrido confirma que el terreno digital también es un campo de batalla donde se libran las guerras del siglo XXI.
